Virginia Aparicio, ingeniera agrónoma e investigadora del INTA y el CONICET, coordinó en Argentina el proyecto internacional SPRINT, que analizó la presencia de plaguicidas en personas, animales y distintos componentes del ambiente. El expediente administrativo podría derivar en su exoneración.
La ingeniera agrónoma y doctora en Ciencias Agrarias Virginia Aparicio, investigadora del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y del CONICET, enfrenta un sumario administrativo que podría terminar en su exoneración del organismo.
El caso está relacionado con su participación como coordinadora argentina del proyecto internacional SPRINT (Sustainable Plant Protection Transition), una investigación científica financiada por la Unión Europea que estudió la presencia y distribución de plaguicidas en el ambiente, los alimentos, los animales y el organismo humano.
Aparicio desarrolla su actividad científica desde hace más de dos décadas en la Estación Experimental Agropecuaria Balcarce del INTA. Según declaraciones difundidas por la propia investigadora y su abogado, el expediente administrativo le atribuye, entre otros puntos, presuntas irregularidades vinculadas con la gestión del proyecto y un supuesto perjuicio económico al Estado, acusaciones que Aparicio rechaza.
¿Qué investigó el proyecto SPRINT?
El proyecto SPRINT fue una iniciativa internacional financiada por el programa Horizon 2020 de la Unión Europea. Comenzó oficialmente el 1 de septiembre de 2020 y contó con un presupuesto de casi 15 millones de euros.
Su objetivo fue desarrollar herramientas para evaluar de manera integral los posibles impactos de los plaguicidas sobre los ecosistemas y la salud de plantas, animales y seres humanos.
La Comisión Europea señala que el proyecto reunió investigadores de distintos países europeos y de Argentina para analizar los efectos de los productos fitosanitarios y estudiar alternativas orientadas hacia sistemas de protección vegetal más sostenibles.
Argentina fue el único país sudamericano que participó del proyecto.
Un relevamiento sobre personas y ambiente
En Argentina, durante 2021, se realizaron estudios sobre 73 personas voluntarias de distintas localidades de la provincia de Buenos Aires, entre ellas Balcarce, Mar del Plata, Necochea, Tandil y Tres Arroyos.
Los participantes pertenecían a diferentes grupos, incluyendo productores convencionales, productores agroecológicos, vecinos de zonas rurales y personas de áreas urbanas.
A los voluntarios se les tomaron muestras de sangre, orina y materia fecal, además de realizarse mediciones de exposición ambiental mediante pulseras.
El estudio también analizó diferentes elementos del ambiente y de las actividades productivas: agua superficial, suelos, alimentos, polvo de viviendas, cultivos, animales y alimento para animales.
Los resultados detectaron múltiples plaguicidas
Uno de los aspectos que generó mayor repercusión fue la detección de diferentes sustancias en las muestras biológicas de los participantes.
Según los resultados difundidos públicamente, en las personas argentinas analizadas se encontraron:
- Entre 2 y 10 plaguicidas en muestras de sangre.
- Entre 6 y 13 plaguicidas en muestras de orina.
- Entre 0 y 18 plaguicidas en materia fecal.
- En las mediciones ambientales realizadas mediante pulseras se registraron entre 7 y 53 sustancias.
En otras matrices analizadas también se detectaron múltiples residuos. Los resultados difundidos señalaron entre 6 y 22 plaguicidas en alimentos, entre 43 y 86 en polvo de viviendas, hasta 12 en suelos y entre 10 y 28 en aguas superficiales.
Glifosato: uno de los principales hallazgos
Entre las sustancias identificadas apareció el glifosato, junto con su metabolito AMPA.
De acuerdo con los resultados difundidos del estudio, se detectó glifosato en el 86,1% de las personas argentinas que participaron de las muestras. El dato corresponde exclusivamente al grupo estudiado y no significa que el 86,1% de toda la población argentina tenga glifosato en su organismo.
También se informó la presencia de glifosato en el 100% de las muestras de materia fecal analizadas correspondientes al grupo bonaerense.
Otro de los compuestos detectados fue el clorpirifos, un insecticida cuya presencia también fue registrada entre los participantes argentinos. Los resultados difundidos indicaron una detección del 37,7% en las muestras argentinas, frente al 3,7% registrado en participantes europeos.
¿Qué ocurrió dentro del INTA?
La situación institucional de Aparicio comenzó a generar cuestionamientos luego de que el INTA suspendiera en 2023 una presentación pública de los resultados argentinos del proyecto.
Un documento presentado ante la Cámara de Diputados en 2023 ya había señalado que la investigadora tenía previsto presentar los resultados del estudio y que la exposición fue suspendida por decisión del organismo.
Posteriormente, el INTA decidió retirarse del consorcio internacional. Fuentes periodísticas señalan que la salida del organismo quedó formalizada mediante la Resolución 1081/2023.
Según relató Aparicio, hacia fines de 2024 comenzaron las actuaciones internas para revisar su participación en el proyecto y, en febrero de 2025, fue convocada a declarar junto con otros integrantes del equipo.
El expediente terminó planteando la posibilidad de una exoneración, una de las sanciones administrativas más graves para un empleado público.
La defensa de la investigadora
Aparicio y su abogado, Mario Bolla, rechazan las acusaciones formuladas en el expediente.
Según explicó el abogado a medios periodísticos, entre los cuestionamientos aparece un supuesto ocultamiento de información a las autoridades superiores y un presunto perjuicio económico y material para el Estado.
La defensa sostiene que las actividades realizadas dentro del proyecto fueron informadas a las autoridades correspondientes y que la investigación contaba con conocimiento y autorización institucional.
También sostiene que los fondos destinados al proyecto provenían de Europa y que fueron rendidos.
El caso generó además pronunciamientos de organizaciones gremiales y científicas, entre ellas APINTA y sectores de ATE-CONICET, que reclamaron garantías para la investigación científica y cuestionaron el proceso iniciado contra la investigadora.
Ciencia, plaguicidas y debate público
El caso volvió a poner en el centro de la discusión el uso de plaguicidas y la necesidad de contar con investigaciones independientes que permitan conocer su presencia en el ambiente y en los organismos vivos.
Los resultados del proyecto SPRINT no permiten, por sí solos, establecer que la presencia de un determinado plaguicida en una muestra implique necesariamente que esa sustancia haya provocado una enfermedad en una persona. El objetivo del proyecto fue precisamente generar herramientas para evaluar la exposición y los posibles riesgos de estas sustancias desde una perspectiva de salud ambiental y humana.
La investigación internacional también buscó comparar diferentes sistemas productivos y analizar caminos de transición hacia formas de protección vegetal consideradas más sostenibles.
Un proyecto internacional que llegó a su fin
El proyecto SPRINT tuvo una duración de aproximadamente cinco años y oficialmente finalizó el 28 de febrero de 2026, según los registros de la Comisión Europea.
La iniciativa contó con una inversión total de 14.994.445 euros y fue coordinada internacionalmente por la Universidad de Wageningen, en los Países Bajos. El INTA figuró oficialmente como una de las organizaciones participantes.
Mientras el proyecto internacional llegó a su finalización, en Argentina continúa el conflicto administrativo alrededor de Virginia Aparicio.
La investigadora sostiene que está siendo sancionada por su participación en un estudio que contó con aval institucional y cuyos resultados terminaron exponiendo la presencia de múltiples plaguicidas en personas y distintos componentes del ambiente.
El desenlace del sumario determinará cuál será su situación dentro del INTA.
